Por Juan Pablo Ojeda
En México, hay muchas leyes que suenan bien, se ven bien, pero a la hora de aplicarlas… nada. Como esas señales de tránsito que todos ven pero nadie respeta. Una de esas leyes ha sido la que prohíbe la discriminación: está ahí, sí, pero sin dientes. Eso es justo lo que busca cambiar el diputado priista Óscar Fernando Torres Castañeda con una iniciativa que, si avanza, podría darle al Conapred (ese organismo encargado de promover la igualdad) la facultad de hacer algo más que levantar la ceja cuando se comete un acto de discriminación.
Lo que propone Torres no es menor: quiere que el Conapred tenga poder para iniciar procedimientos sancionadores, ya sea porque alguien presentó una queja o porque el propio organismo se enteró de que algo no cuadra. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que si una empresa, un funcionario o una institución pública discrimina a alguien por su género, discapacidad, origen étnico o cualquier otro motivo, el Conapred ya no solo podría “recomendar” cambios, sino también imponer multas, amonestaciones o medidas de reparación del daño.
El corazón de esta reforma está en dos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación: el 15 y el 20. Con los cambios, no solo se le da fuerza legal al Conapred, sino que también se obliga a respetar el derecho de defensa del acusado. Es decir, no se trata de andar repartiendo sanciones a diestra y siniestra, sino de hacerlo bajo el marco del debido proceso.
Y aunque suene técnico, esto tiene repercusiones muy reales. Pensemos, por ejemplo, en las personas con discapacidad que no pueden entrar a una tienda, usar el transporte público o estudiar en una escuela porque el lugar no tiene rampas, señalética adecuada o herramientas digitales accesibles. Con la reforma, esas omisiones podrían ser sancionadas.
Además, se plantea que los servicios públicos y privados —tanto presenciales como digitales— deben garantizar accesibilidad total. Esto incluye desde subtitulación en contenido audiovisual, hasta intérpretes de lengua de señas o formatos alternativos para quienes tienen discapacidad visual o intelectual.
La iniciativa también va más allá de lo legal. Tiene un fuerte contenido simbólico: manda el mensaje de que la igualdad en México no es negociable. Para el diputado Torres, una ley sin castigo para quien la rompe es solo una promesa vacía. Y tiene razón: sin mecanismos que garanticen el cumplimiento, los derechos se vuelven pura retórica.
Al final del día, lo que se juega con esta reforma no es solo el fortalecimiento del Conapred, sino algo mucho más profundo: que el país avance hacia una democracia más completa. Una donde los derechos no dependan del cuerpo, el color de piel o la identidad de nadie, sino que se ejerzan de manera efectiva, todos los días.
Porque mientras haya personas que no puedan estudiar, trabajar, divertirse o moverse libremente solo por cómo son, esta democracia seguirá incompleta.
¿Será esta la reforma que le ponga dientes a la igualdad? El balón está en la cancha del Congreso. Y ahí, como sabemos, las buenas intenciones no siempre bastan.
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