Por Bruno Cortés
En un rincón poco visible del Congreso, la Comisión de Salud, liderada por el diputado Pedro Mario Zenteno Santaella de Morena, se echó al hombro una tarea que, más allá de tecnicismos legislativos, toca el cuerpo, la mente y la vida diaria de millones de personas en México. Esta semana aprobaron cinco reformas que suenan burocráticas en papel, pero que tienen un potencial real para cambiar cómo el sistema de salud se planta frente a temas urgentes como la violencia de género, la discriminación estructural, y la menstruación —sí, la menstruación— como un asunto de salud pública.
Primero, pongamos las cartas sobre la mesa: no se trata solo de cambiar leyes, sino de cambiar cómo entendemos la salud. Por ejemplo, ¿sabías que hasta ahora la violencia que sufren mujeres, niñas y adolescentes en sus casas o relaciones no era formalmente responsabilidad del sector salud? Pues ahora sí. Con una reforma que obtuvo 34 votos a favor, se plantea que prevenir y atender las consecuencias de la violencia familiar o sexual sea parte obligatoria del trabajo del sistema nacional de salud.
Esto no es poca cosa. Significa que en lugar de que una mujer golpeada llegue a urgencias y solo reciba curitas y un “tome paracetamol”, los servicios de salud deben atenderla con médicos, psicólogos, trabajadores sociales y protocolos específicos que consideren su historia, su contexto y sus derechos. Además, la atención debe ser inmediata, gratuita y con perspectiva de género. Parece obvio, pero no lo era. Lo celebraron diputados de distintos partidos, aunque también hubo quienes advirtieron que se necesita afinar detalles para no duplicar funciones y prever bien el presupuesto.
Otro punto interesante es el cambio de narrativa legal. El Congreso decidió dejar de usar el término “grupos vulnerables” —porque, aceptémoslo, suena a “pobrecitos”— y ahora se hablará de “grupos de atención prioritaria”. Más que una frase bonita, esto implica reconocer que las personas no son vulnerables por naturaleza, sino por las barreras sociales, económicas y estructurales que enfrentan. ¿Y quiénes están en esta lista? Personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en situación de calle, entre otras. Y sí, también se reconocen sus derechos en salud mental y atención contra adicciones, con un enfoque que considera su contexto.
¿Y qué tiene que ver la menstruación en todo esto? Muchísimo. En otro dictamen aprobado, se establece por primera vez que la salud menstrual debe ser parte de los servicios básicos del sistema de salud. En palabras simples: que hablar de la regla deje de ser un tabú y se convierta en un tema serio de salud pública. ¿Cómo se logra eso? Con campañas de información, distribución adecuada de productos de higiene menstrual, y sobre todo, reconociendo que esto no es solo un tema de mujeres, sino de derechos.
La diputada Marisela Zúñiga dijo que no se trata solo de repartir toallas sanitarias, sino de garantizar bienestar integral. Esto incluye romper prejuicios y estereotipos sobre lo que significa menstruar. Porque la falta de acceso a productos o información sobre la menstruación no solo causa incomodidad o ausentismo escolar: perpetúa la desigualdad.
Y para rematar, también se votó por actualizar el lenguaje en las leyes. Nada glamoroso, pero necesario. Ya no diremos “Distrito Federal” en las leyes, sino “Ciudad de México”. También se cambian los nombres de instituciones que ya no existen, como el Instituto Nacional Indigenista, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Pequeños detalles que reflejan una realidad más actual.
Estos cambios aún deben seguir su camino legislativo, pero lo que sucedió esta semana en la Comisión de Salud no es menor. Habla de una agenda de salud pública más humana, más justa y más cercana a las realidades que viven las mujeres, los grupos históricamente discriminados y las personas que, por mucho tiempo, no se sentían vistas ni escuchadas en los consultorios ni en las leyes.
Porque sí, la salud también es política. Y estas reformas son un recordatorio de que cuando se legisla con perspectiva de derechos, el impacto va más allá del papel. Se siente en la vida real.
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