Por Bruno Cortés
En México, cuando se habla de cambiar las reglas del juego en los medios de comunicación y en el internet, más vale poner atención. Esta semana, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del PAN y presidente de la Comisión de Radio y Televisión, lanzó una advertencia con todas sus letras: la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones impulsada por el gobierno no garantiza autonomía, pone en riesgo los datos personales y huele más a control que a libertad.
El diputado no llegó con rodeos. Dijo que el proceso que han llevado en la Cámara de Diputados, con 12 mesas temáticas y cinco foros, ha sido abierto, reflexivo y con voces de todos lados: industria, especialistas, organizaciones civiles y defensores de audiencias. Todos preocupados por lo mismo: la libertad de expresión, el acceso a información veraz y una mejor conectividad para millones de familias.
Pero —y aquí está el meollo del asunto— ese diálogo no se dio en el Senado ni con el gobierno federal, que según el legislador, sólo se sentó a platicar con su mayoría (Morena, PT y PVEM) y dejó fuera a la oposición. Lo que para el PAN huele a una reforma cocinada en corto, sin ganas reales de debatir.
Monraz lo dijo así: «El gobierno no escuchó. Ni la Agencia Digital ni sus funcionarios atendieron el llamado para dialogar». Y aunque muchos creían que el escándalo venía por el famoso artículo 109, que habla de los contenidos y sanciones, el diputado aclaró que eso es apenas la punta del iceberg. Lo importante, dice, es discutir cómo construir un sistema de medios público que no sea usado como megáfono del gobierno en turno, cómo asegurar que los medios privados no sean castigados por sus opiniones y, sobre todo, cómo cuidar nuestros datos personales.
Porque sí, también está en juego el tema del padrón de usuarios, una especie de registro con datos de millones de personas que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte, pero que ahora parece querer revivir en la iniciativa. Y la pregunta clave que lanza Monraz es contundente: “¿De verdad creemos que el Estado puede proteger esa información sin que se filtre o sea usada para fraudes?”.
El legislador insistió en que la iniciativa no puede pasar como va, y que más vale tomarse el tiempo. No hay prisa, dijo, ya que la ley da hasta 180 días para analizarla. Por eso pidió que se retire la propuesta actual y se redacte una nueva, con un enfoque más técnico, más plural y menos político.
Porque al final, esta no es una discusión sólo para expertos. Nos afecta a todos: en lo que vemos, en lo que escuchamos, en cómo usamos internet, en qué tan seguros están nuestros datos, y en si tendremos medios libres o solo propaganda disfrazada.
El llamado es claro: no se trata de bloquear una ley por capricho, sino de evitar que una mala reforma nos regrese a los tiempos donde el gobierno decidía qué se decía y qué no. La pelota ahora está en la cancha del Senado… y del tiempo que le quiera dedicar la mayoría oficialista.
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