Por Bruno Cortés
En medio de un México cada vez más conectado con el mundo y atractivo para miles de extranjeros que deciden mudarse aquí por el bajo costo de vida, el buen clima o simplemente por la flexibilidad del trabajo remoto, el diputado Gerardo Olivares Mejía, del Partido del Trabajo (PT), puso sobre la mesa un tema incómodo pero urgente: el comportamiento de algunos residentes extranjeros que se sienten por encima de la ley y de la gente local.
La iniciativa que impulsa busca reformar el artículo 64 de la Ley de Migración para que el Instituto Nacional de Migración (INM) tenga la facultad de cancelar la residencia temporal o permanente a extranjeros que incurran en discriminación, abuso, violencia o desplazamiento contra la población mexicana. En pocas palabras, si un extranjero viene a vivir a México y se porta con prepotencia, se burla, discrimina o violenta a los mexicanos, podría perder su estatus migratorio y ser regresado a su país.
La propuesta fue enviada a la Comisión de Asuntos Migratorios, pero ya ha comenzado a generar conversación. Porque sí, el tema pica y se extiende. Según datos del INEGI, en 2020 había más de 1.2 millones de personas nacidas en otro país viviendo en México, de las cuales casi 800 mil eran estadounidenses. Pero cifras más recientes del Departamento de Estado de EE.UU. señalan que en 2025 ya serían 1.6 millones de ciudadanos de ese país residiendo en territorio mexicano.
Y aunque la mayoría vive en paz, integrada y respetando las leyes, no todos juegan limpio. El diputado Olivares advierte que hay una tendencia creciente de actitudes prepotentes, sobre todo de extranjeros que llegan con dólares, rentan o compran propiedades en zonas céntricas o costeras, y terminan desplazando a los vecinos originales. También menciona casos de discriminación, de abuso hacia trabajadores locales, y un trato que, más que cordialidad, refleja una visión de superioridad.
Lo que busca la iniciativa no es cerrar las puertas a la migración, sino poner orden y exigir respeto. El mensaje es claro: si México te abre las puertas y te da residencia, lo mínimo que se espera es un comportamiento decente y respetuoso. Así como los mexicanos que migran a otros países deben cumplir las leyes y adaptarse a las normas locales, aquí se exige lo mismo.
La propuesta también toca un punto sensible: el trato desigual. Muchos extranjeros —especialmente estadounidenses o europeos— logran tramitar su residencia sin mayor problema, acceden a mejores servicios, a veces incluso evitan ciertas reglas, mientras que a los mexicanos no se les mide con la misma vara cuando migran al extranjero. Eso, dice el diputado, rompe el principio de reciprocidad y genera un caldo de cultivo para el descontento social.
Además, recuerda que la Secretaría de Gobernación (Segob) ya tiene las facultades para intervenir en estos casos, como lo establece el artículo 18 de la misma Ley de Migración. Lo que haría esta reforma es reforzar la ley para que no haya impunidad ante actitudes que generan violencia social o discriminación.
En el fondo, la propuesta tiene un objetivo claro: proteger la paz social. Porque México es un país hospitalario, sí, pero no ingenuo. La hospitalidad no puede ser excusa para tolerar abusos ni para permitir que algunos vengan a imponer su voluntad con arrogancia, aprovechándose de una estructura migratoria que hasta ahora ha sido muy laxa con ciertos grupos.
Esta iniciativa apenas comienza su camino legislativo, pero ya está tocando nervios sensibles. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado mexicano para defender a su gente frente a conductas abusivas de extranjeros con residencia? Esa es la discusión que viene. Y más vale tenerla ahora, antes de que los conflictos por el espacio, los servicios o el respeto se conviertan en un problema más grande.
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