Por Bruno Cortés
En un país donde más de 100 mil personas están reportadas como desaparecidas, hablar de cifras ya no es suficiente. Y mucho menos cuando ni siquiera sabemos con claridad qué pasa con muchos de esos casos. Eso es justo lo que busca cambiar una nueva iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), presentada esta semana ante la Comisión Permanente del Congreso.
El diputado Federico Döring, uno de los legisladores con más experiencia del PAN en temas de seguridad y justicia, explicó que esta propuesta de reforma quiere meterle más orden —y sobre todo más claridad— a cómo el Estado mexicano clasifica, investiga y reporta las desapariciones forzadas.
¿Por qué importa esto? Porque hoy en día, muchas veces no sabemos si una persona desaparecida fue víctima del crimen organizado, de alguna autoridad corrupta, o si su caso simplemente se quedó archivado entre estadísticas mal hechas. Döring lo dice tal cual: “Hay una zona gris entre los homicidios dolosos y las desapariciones. No sabemos bien qué pasó, ni cómo contarlo”.
¿Suena grave? Lo es. Porque si no sabemos cuántos desaparecidos terminan en fosas clandestinas, si no tenemos idea de cuántos de esos casos están vinculados al crimen organizado o a agentes del Estado, entonces tampoco tenemos cómo hacer una política pública que realmente sirva.
La iniciativa panista propone actualizar los tipos penales —es decir, cómo está definida la desaparición forzada en la ley— y mejorar la coordinación administrativa entre instituciones. Porque hoy, cada estado y cada fiscalía parece trabajar con su propio método, y eso entorpece cualquier intento serio de encontrar a las personas.
Döring también recordó que Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, se comprometió a revisar esta propuesta, para ver si puede integrarse a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que la presidenta de la República envió recientemente al Senado.
Y no sólo se trata de una propuesta aislada. En la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, que tuvo diálogo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya se está discutiendo cómo unir esfuerzos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para abordar este tema como lo que es: una emergencia nacional.
El punto central de la iniciativa no es sólo legal, sino también estadístico. México necesita saber bien cuántas personas han desaparecido, en qué condiciones, y qué probabilidades hay de que esos casos terminen en tragedias como las fosas clandestinas. “Sin datos reales, no hay justicia posible”, dijo el diputado.
De cara a un posible periodo extraordinario en el Congreso, esta propuesta del PAN busca encender el foco sobre un problema que ha sido doloroso y vergonzosamente normalizado. Porque hablar de desapariciones forzadas no puede ser un tema técnico. Es un tema humano. Y cada número en esas estadísticas tiene un rostro, una familia, una historia que merece ser contada… y resuelta.
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