Por Bruno Cortés
Hay noticias que parecen pequeñas en el mar de la política nacional, pero que tocan directamente la vida de miles de personas. Una de esas acaba de ocurrir: la diputada federal Roselia Suárez Montes de Oca, de Morena, anunció la firma de un convenio que podría cambiarle la vida —literalmente— a miles de migrantes guerrerenses que viajan a trabajar a Canadá.
Y es que no estamos hablando de papeles bonitos o promesas en el aire. Esta firma, realizada entre el gobierno del estado de Guerrero y el sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW), es una especie de “pacto de protección” que busca algo muy concreto: que los trabajadores guerrerenses que migran no se queden solos allá, sin saber a quién acudir, sin saber sus derechos, sin defensa ni voz.
Roselia Suárez, quien conoce el tema porque ha estado cerca de la comunidad migrante en Chicago durante años, lo dijo claro: “Hoy es un día especial, porque este convenio es una herramienta para defender derechos laborales de nuestros connacionales.” Y cuando dice eso, habla de algo muy básico pero fundamental: que los trabajadores sepan que pueden tener capacitación, asesoría legal, acceso a beneficios sociales e incluso apoyo para recuperar pensiones o permisos laborales.
La otra pieza clave en esta alianza es Silvia Rivera Carbajal, titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del estado de Guerrero (una de las únicas tres en todo México que existen para este tema). Ella dejó en claro que esta acción no es un acto simbólico, sino un paso firme hacia una política migratoria más humana, más realista y sobre todo, más útil.
Y ojo, que esto no sólo es para quienes ya están en Canadá. También es para quienes se están preparando para irse. El convenio incluye acceso gratuito a más de 250 cursos, asesorías y algo que muchas veces parece imposible: acompañamiento durante todo el proceso migratorio, desde antes de salir de casa hasta el regreso.
Por parte del UFCW, el dirigente Pablo Godoy explicó por qué este paso es tan importante. De entrada, reveló que su sindicato ya ha logrado recuperar más de 60 millones de dólares en beneficios sociales para trabajadores migrantes en Canadá. Es decir, hay dinero y derechos sobre la mesa que los trabajadores mexicanos están perdiendo por no estar organizados o por no saber cómo reclamarlos.
Y aquí viene el dato que debería encender las alarmas: menos del 10% de los trabajadores migrantes mexicanos recibe los beneficios sociales que por ley les corresponden. ¿La razón? Nadie les explica, nadie los acompaña, nadie les traduce los derechos a su idioma y realidad. Por eso este tipo de convenios pueden marcar una gran diferencia.
Canadá se ha convertido en el segundo destino más común para los migrantes guerrerenses. Lo que antes era casi exclusivo de Estados Unidos, ahora se diversifica. Pero con esa expansión también vienen nuevos retos legales, laborales y sociales. Y para eso, justamente, sirve este tipo de acuerdos.
Al final, Roselia Suárez cerró con una frase que sintetiza el espíritu del convenio: “No están solos. Hay organizaciones que los respaldan, los orientan y los defienden.” Que no suene cursi: en estos tiempos, tener un respaldo legal y sindical en otro país es como tener un salvavidas en mar abierto.
Así que si conoces a alguien que esté pensando en migrar a Canadá, o que ya esté allá trabajando en el campo, en la construcción o en los servicios, pásale esta nota. Porque no todo en política son pleitos en la tribuna; a veces, también hay buenas noticias que valen la pena compartir.
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