Por Bruno Cortés
En México, cada hora, 12 personas renuncian a su trabajo por razones que no deberían existir: acoso, hostigamiento, violencia. No es una cifra al aire. Son vidas. Y detrás de cada renuncia hay una historia de injusticia. En pleno 2025, el trabajo —ese espacio donde deberíamos encontrar sustento y dignidad— sigue siendo un sitio peligroso para muchas personas, especialmente para las mujeres y quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados.
En el Congreso, la diputada Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, sabe que esto no se resuelve con buenas intenciones ni discursos de temporada. Desde su trinchera como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, insiste en que es momento de dejar de patear el bote y avanzar de una vez por todas con reformas que hagan realidad el Convenio 190 (C190) de la Organización Internacional del Trabajo. Este tratado, que México ya firmó y ratificó, busca lo que debería ser básico: un mundo del trabajo libre de violencia y acoso.
Pero no basta con firmar un papel. El país tiene que cambiar leyes, revisar presupuestos y adoptar nuevas reglas que protejan a todas las personas que trabajan, no sólo a quienes tienen un contrato formal. Y eso, en la práctica, significa enfrentar intereses fuertes, como los del sector empresarial, que todavía muestran resistencias. Porque el C190 no sólo habla del espacio de la oficina o la fábrica; también señala la responsabilidad de prevenir violencia incluso fuera del centro de trabajo, en contextos donde puede haber jerarquías laborales menos visibles pero igual de dañinas.
Mercado presentó en San Lázaro un informe elaborado por organizaciones como Intersecta y la Fundación Avina, que aterriza el problema con crudeza. Recoge voces de víctimas, inspectores, empresas y activistas. Y no sólo denuncia, también propone: protocolos obligatorios en centros de trabajo, inspecciones laborales efectivas y reformas que reflejen esta nueva mirada integral. Porque sí, México ya ha dado algunos pasos —el Senado incluso aprobó un dictamen clave en 2021 que modificaba cinco leyes—, pero el avance ha sido lento, y el rezago, costoso.
Entre los puntos más disruptivos del Convenio 190 está el reconocimiento de que no es necesario que haya una relación directa entre víctima y agresor para que se reconozca la violencia laboral. Esto es clave para proteger a trabajadoras del hogar, a repartidores, a personas en esquemas de outsourcing o economía informal. También redefine lo que entendemos por violencia: no se necesita que sea repetida ni que deje una secuela visible para que sea condenable.
En este contexto, también intervino el diputado Jaime López Vela, de Morena, quien puso sobre la mesa una realidad poco visibilizada: la discriminación laboral que enfrentan las personas LGBT+, sobre todo quienes viven con VIH. Despidos injustificados, negación de oportunidades, tratos degradantes. El C190 también sirve para proteger a esta población que, en muchas ocasiones, ni siquiera encuentra a quién acudir cuando sus derechos son pisoteados.
La iniciativa también viene de la mano de la sociedad civil. Constanza Carrasco, de Intersecta, explicó que el informe presentado forma parte de la Iniciativa Arropa, que busca precisamente tejer una red de protección más amplia para las personas trabajadoras, con evidencia y propuestas legislativas concretas. Porque hablar de violencia laboral ya no es solo denunciar; ahora toca actuar.
Y sí, México ya tiene algunas herramientas, como las Normas Oficiales NOM-025 y NOM-035, que tratan de regular el entorno organizacional y la igualdad laboral. Pero estas normas se han quedado cortas frente a los estándares del C190. No basta con una política de “buen ambiente laboral” si no hay mecanismos reales para prevenir, sancionar y reparar los daños.
El mensaje es claro: no podemos seguir normalizando la violencia como parte del “estrés del trabajo” o el “carácter fuerte del jefe”. Si el trabajo nos está enfermando, si nos hace renunciar a nuestra salud mental o física, entonces no es trabajo digno. Y en eso, el Congreso tiene una tarea urgente: convertir el Convenio 190 en leyes reales, en presupuesto, en justicia cotidiana.
Porque al final del día, nadie debería tener que elegir entre su trabajo y su dignidad.
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