Ciudad de México, 11 de junio de 2025 — El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) avanza en el riguroso proceso de verificación de elegibilidad de las personas candidatas que resultaron ganadoras en la elección del Poder Judicial realizada el pasado 1 de junio. Esta etapa es clave para garantizar que quienes obtuvieron la mayoría de los votos cumplan con todos los requisitos legales y constitucionales para ocupar los cargos judiciales.
De acuerdo con la normativa vigente, que incluye el artículo 38, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21 Bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local, el IECM revisa que ninguna persona elegida se encuentre en situaciones que suspendan sus derechos político-electorales. Entre estas se consideran sentencias firmes por delitos graves como violencia familiar, agresiones sexuales, violencia política de género, o morosidad en obligaciones alimentarias.
Además, el Instituto revisa que las candidatas y candidatos no estén inscritos en registros oficiales como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, el Registro de Personas Agresoras Sexuales o el Registro de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, vigentes en la capital.
Para llevar a cabo esta verificación, el IECM ha solicitado información detallada a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, buscando confirmar el estatus legal y administrativo de cada persona ganadora antes de proceder a la entrega de constancias de mayoría y la declaración formal de validez de la elección.
Este procedimiento se realiza en el plazo legal de seis días, contados desde el cierre de los cómputos distritales el 9 de junio, y es indispensable para la formalización y legitimación de los cargos en el Poder Judicial de la CDMX.
En caso de detectar que alguna persona electa incumple con los requisitos de elegibilidad, el IECM actuará conforme a derecho y no expedirá la constancia correspondiente, garantizando así la legalidad y transparencia del proceso electoral.
El Instituto reafirma su compromiso con los principios de legalidad, imparcialidad y certeza, y asegura a la ciudadanía que solo quienes acrediten el cumplimiento pleno de la ley podrán acceder a estos importantes cargos.
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