Carmen Alejandra Lozano Maya, exagente del Ministerio Público del Estado de México, ha sido electa como jueza penal en la Ciudad de México con el mayor número de votos en las elecciones del 1 de junio de 2025, pese a arrastrar un historial de denuncias por tortura, abuso sexual y extorsión.
Durante un operativo de cateo en 2019, bajo la dirección de Lozano Maya, funcionarios ministeriales ingresaron a un domicilio en Tecámac sin contar con la autorización legal correspondiente. De acuerdo con la denuncia, dentro de ese inmueble –equivocado–, una mujer y sus hijos menores fueron golpeados, abusados sexualmente y privados de la libertad. Además, los agentes exigieron 150 mil pesos para liberar a los menores, quienes finalmente fueron entregados sin cargos tras el pago.
A pesar de la gravedad de los hechos, la Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta únicamente por cohecho. El caso fue archivado por “falta de pruebas”. En 2020, Lozano Maya fue nuevamente señalada por presuntos abusos y fabricación de delitos, pero no se le impuso ninguna sanción. Posteriormente, dejó su cargo para ejercer como abogada privada.
Hoy, esa misma funcionaria ha sido legitimada por las urnas. El comité de evaluación del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México avaló su candidatura, y Lozano Maya obtuvo 44,382 votos, la cifra más alta entre los aspirantes a jueces penales, incluso por encima del contendiente masculino mejor posicionado.
Su toma de protesta está programada para el 1 de septiembre de 2025, lo que ha desatado una oleada de críticas por parte de organizaciones civiles, víctimas de abuso institucional y diversos sectores de la opinión pública. Muchos cuestionan cómo una figura con antecedentes tan delicados pudo no sólo postularse, sino triunfar con una votación histórica.
La elección de Carmen Alejandra Lozano Maya abre un nuevo capítulo en el debate sobre la rendición de cuentas, la memoria institucional y la legitimidad en los procesos de selección de jueces en México. ¿Es compatible la democracia electoral con el olvido de las víctimas? ¿Qué mensaje se envía cuando el pasado de un servidor público no es obstáculo para ocupar cargos de alto impacto en la impartición de justicia? Las respuestas, por ahora, parecen tan controversiales como su propia historia.
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