La industria del gas licuado de petróleo (LP) en México enfrenta una crisis de dimensiones preocupantes. Desde que en 2021 se impusieron precios máximos al combustible, los distribuidores han reportado una drástica caída en sus ingresos. Esta situación ha llevado a cierres de empresas, despidos masivos y una amenaza directa al suministro de gas doméstico que alimenta a más del 76% de los hogares del país.
Los distribuidores han alzado la voz ante lo que califican como una política tarifaria inviable. La tarifa actual, fijada en aproximadamente 10.61 pesos por litro, no cubre los costos operativos básicos como el mantenimiento de vehículos, nómina del personal o seguridad en la distribución. Como medida de presión, anunciaron un paro nacional para la primera semana de junio.
En la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema por un reportero. En respuesta, afirmó que la Secretaría de Energía está abierta al diálogo, aunque hasta el momento no hay indicios claros de una mesa de negociación formal. El descontento en el gremio es evidente, y los distribuidores consideran insuficiente la respuesta gubernamental.
El malestar se ha concentrado particularmente en torno a la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, a quien acusan de mantener una postura rígida e intransigente. Representantes del gremio aseguran que han buscado diálogo sin obtener resultados concretos, y alertan sobre el riesgo de desabasto si no se llega pronto a un acuerdo.
Las organizaciones empresariales del sector han propuesto elevar la tarifa a 12 pesos por litro, una cifra que consideran suficiente para garantizar una distribución segura y continuar prestando el servicio sin comprometer la viabilidad de las empresas. La medida, dicen, no busca generar ganancias excesivas, sino simplemente cubrir los gastos mínimos y evitar un colapso logístico.
Los trabajadores también han hecho escuchar su voz. Muchos han perdido sus empleos en los últimos dos años como consecuencia directa del modelo tarifario. Camionetas paradas, plantas distribuidoras cerradas y pipas abandonadas son ya parte del paisaje en varios puntos del país.
La preocupación va más allá del ámbito económico. Un paro en la distribución de gas LP podría afectar severamente a millones de familias mexicanas que dependen del combustible para cocinar o calentar agua. La seguridad energética del país, por tanto, está en riesgo si no se actúa con prontitud.
Pese a las advertencias, la respuesta oficial ha sido escueta. Si bien se ha reiterado la disposición al diálogo, los distribuidores señalan que no ha habido acercamientos reales ni propuestas viables. La urgencia de una solución es palpable y crece conforme se acerca la fecha del paro anunciado.
Este escenario pone a prueba la capacidad de interlocución del nuevo gobierno. Resolver esta crisis no sólo implica atender una demanda empresarial, sino proteger un servicio esencial para la población y evitar una cadena de afectaciones económicas, sociales y políticas de gran escala.
Deja una respuesta