Por Juan Pablo Ojeda
A casi once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue dando giros legales que encienden el ánimo de las víctimas y el debate público. Esta semana, un Tribunal Colegiado en Tamaulipas ratificó la absolución de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, del delito de secuestro agravado vinculado a la desaparición de los estudiantes en 2014.
La decisión, tomada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, rechaza el amparo que habían promovido los padres y madres de los normalistas, buscando revertir la sentencia absolutoria dictada en 2023. En esa ocasión, Abarca, junto con el exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez, y 18 personas más, fue exonerado de los delitos de secuestro y delincuencia organizada relacionados directamente con la noche del 26 de septiembre de 2014.
Abarca, detenido junto con su esposa María de los Ángeles Pineda en noviembre de 2014 en la Ciudad de México, ha sido una de las figuras más señaladas en el caso Ayotzinapa. Durante años, diversas líneas de investigación lo vincularon con el grupo criminal Guerreros Unidos, presunto responsable de la desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Pese a esta nueva victoria legal, Abarca seguirá tras las rejas, y no precisamente por este caso. El exedil tiene pendiente una condena de 20 años de prisión por el asesinato del síndico Justino Carbajal Salgado en 2013. Además, en mayo de 2023 fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de seis líderes campesinos, integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández Cardona.
También enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, debido a la compra de propiedades en Guerrero por más de 8 millones de pesos con recursos de origen ilícito.
El pasado 30 de abril, Abarca fue trasladado al penal federal de Ramos Arizpe, Coahuila, después de haber estado recluido en el Altiplano desde 2014, cuando fue capturado por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.
La ratificación de la absolución ha generado indignación entre los familiares de los 43 estudiantes, quienes sostienen que la justicia no ha sido plena ni efectiva. Para ellos, el mensaje sigue siendo claro: a casi una década, las promesas de verdad y castigo a los responsables aún están lejos de cumplirse.
Mientras tanto, Abarca seguirá sumando procesos judiciales, pero ya no como parte central del expediente Ayotzinapa, al menos no en términos formales. El juicio de la historia, sin embargo, continúa abierto.
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