Por Juan Pablo Ojeda
A 15 años del incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 25 niñas y 24 niños, las familias de las víctimas siguen esperando justicia plena. Lejos de encontrar consuelo, este nuevo aniversario ha estado marcado por la indignación ante la reducción de las condenas impuestas a los responsables.
En su momento, 32 personas fueron procesadas, todas ellas funcionarias o exfuncionarias de distintos niveles de gobierno. Sin embargo, hoy solo 10 permanecen sentenciadas, luego de que diversos jueces redujeran penas, otorgaran perdones judiciales o dieran paso a la extinción de la acción penal. Algunos incluso recuperaron su libertad tras ser absueltos o por beneficios legales.
Originalmente, en mayo de 2016, un juez de distrito en Hermosillo condenó a 19 personas con penas de entre 20 y 28 años de cárcel. Pero todo cambió cuando el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer los amparos promovidos por los acusados. En abril de 2022, la Corte resolvió reducir las condenas y absolver a algunos implicados.
Las nuevas sentencias dictadas por el Tercer Tribunal Unitario resultaron mucho más leves:
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Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios de la guardería, recibieron 5 años y 7 meses de prisión.
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Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del IMSS, con la misma pena, la cumplió en su domicilio.
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Otros exfuncionarios, como Roberto Copado Gutiérrez, Fausto Salazar Gómez, Martín Lugo Portillo y Arturo Dávila Pacheco, también recibieron condenas mínimas.
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La más alta la recibió Nohemí López Sánchez, con 8 años y 10 meses de cárcel.
Para las familias, estas penas son una burla a la memoria de sus hijos y un golpe más en su lucha por la verdad y la justicia.
Este jueves 5 de junio, madres y padres convocaron a una manifestación frente a lo que fue la Guardería ABC, en Hermosillo, a las 18:00 horas. Desde allí marcharán hacia las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde volverán a exigir que los responsables enfrenten penas proporcionales al dolor que causaron.
Durante todos estos años, los familiares no han dejado de señalar que la tragedia pudo haberse evitado. El incendio inició en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda del estado, que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad. La guardería operaba bajo un esquema de subrogación del IMSS, lo que evidenció fallas en la supervisión, en los permisos y en la actuación de autoridades locales, estatales y federales.
A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue siendo un símbolo de impunidad en México. Las familias, organizadas en distintos colectivos, mantienen viva la memoria de sus hijos con un reclamo que no ha cambiado: “¡Ni perdón ni olvido!”.
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