Por Juan Pablo Ojeda
Durante la conferencia matutina del 16 de junio, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobierno federal reconoció la gravedad de los recientes asesinatos de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, y del juez federal Everardo Maya Arias, crímenes que cimbran tanto al ámbito político como al judicial en México.
Ambos casos, confirmó la titular de Gobernación, fueron discutidos esa misma mañana durante la reunión del gabinete de seguridad. “Efectivamente, se dieron estos hechos lamentables, sí se trataron en el gabinete de seguridad que acabamos de concluir”, declaró ante los medios. Añadió que las investigaciones seguirán su curso y que las fiscalías estatales o la Fiscalía General de la República (FGR) serán responsables, según el ámbito de competencia.
El primer caso que levantó alertas fue el asesinato de Edith García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, ocurrido el 15 de junio. De acuerdo con los primeros reportes, la funcionaria fue atacada dentro de la presidencia municipal por dos hombres armados, quienes también asesinaron al síndico municipal y dejaron heridos a dos policías. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ya investiga, y se desplegó un operativo conjunto con SEDENA, SEMAR y la SSPC en la región.
Cabe recordar que García Soto había sido señalada por presuntas irregularidades en el manejo de bienes municipales, y también denunció en 2021 la desaparición de 50 millones de pesos que estaban destinados a la reconstrucción del municipio tras el paso del huracán Agatha.
El otro caso es el del juez federal Everardo Maya Arias, cuyo cuerpo fue hallado el mismo día dentro de una camioneta en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, con un disparo en la cabeza y un arma a su lado. Aunque no se ha confirmado si se trató de suicidio o asesinato, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.
Maya Arias fue una figura clave en casos emblemáticos como Ayotzinapa y Ovidio Guzmán, y recientemente se encontraba en proceso de retiro. Su carrera estuvo envuelta en polémica por decisiones judiciales cuestionadas por el gobierno, como un amparo otorgado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y una suspensión provisional para evitar la extradición del hijo de “El Chapo”. El Consejo de la Judicatura Federal lamentó su muerte y confirmó el fallecimiento oficialmente.
Ambos asesinatos generan inquietud en medio de una coyuntura política y judicial compleja, donde la violencia contra autoridades sigue siendo un reto mayúsculo para el Estado mexicano.
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