Por Juan Pablo Ojeda
Una jueza federal retiró este lunes la suspensión definitiva que protegía de la aprehensión al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con lo que la Fiscalía General de la República (FGR) queda en plena facultad para ejecutar la orden de captura en su contra.
La resolución fue emitida por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, quien señaló que el exmandatario no cumplió con las condiciones necesarias para mantener vigente la suspensión, lo que incluye el pago de una garantía económica de un millón de pesos y su comparecencia personal ante la jueza de la causa penal.
“Se deja sin efectos suspensión definitiva. (…) El quejoso Silvano Aureoles Conejo no cumplió las medidas de aseguramiento decretadas”, establece el acuerdo judicial difundido este lunes.
La decisión judicial se da en el marco del proceso penal abierto en contra del exgobernador perredista, quien enfrenta acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. El caso está relacionado con un presunto desfalco de más de 3 mil 400 millones de pesos durante su administración (2015–2021).
Acusan compras irregulares de cuarteles
De acuerdo con la FGR, Aureoles y varios exfuncionarios de su administración habrían incurrido en la compra con sobreprecios de cuarteles para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Por este caso ya han sido detenidos y vinculados a proceso cuatro exservidores públicos, quienes presuntamente participaron en las operaciones financieras irregulares y autorizaciones administrativas para la adquisición de los inmuebles.
El avance judicial contra Aureoles Conejo ocurre en medio de un contexto electoral clave, donde varios actores políticos han cuestionado el uso de la justicia con fines partidistas, mientras que otros lo consideran un paso necesario para combatir la impunidad entre exgobernadores.
Contexto político
Silvano Aureoles, exmilitante del PRD, fue gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021, y precandidato presidencial en el proceso interno del Frente Amplio por México. Su nombre ha sido mencionado recurrentemente en escándalos de corrupción y desvío de recursos, aunque él ha negado sistemáticamente todas las acusaciones.
Hasta el momento, su equipo legal no ha emitido una postura sobre la revocación de la suspensión definitiva ni sobre los siguientes pasos legales que emprenderá el exmandatario.
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