Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum encendió una nueva polémica al señalar directamente a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quien acusa de intentar beneficiar a tres grandes contribuyentes en un caso fiscal que está hoy bajo revisión en el máximo tribunal del país. Según lo dicho por la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el asunto no es menor: involucra potenciales devoluciones millonarias con intereses, algo que, de acuerdo con la presidenta, es totalmente ilegal.
Todo comenzó cuando Sheinbaum compartió con la prensa un dato que —según dijo— le fue comentado el día anterior. Se trata de un caso que se encuentra actualmente en manos de la Suprema Corte y que gira en torno a tres empresas que hace años pagaron créditos fiscales al SAT, pero que ahora están reclamando que se les regrese ese dinero… ¡con intereses! Y ahí está el punto de quiebre.
“Eso no solo es irregular, es ilegal”, sentenció Sheinbaum, al advertir que no se puede devolver al contribuyente un pago fiscal con intereses, menos aún si se trata de empresas con recursos y capacidad legal para ir contra el fisco. Pero la verdadera bomba política vino después, cuando reveló que quien está promoviendo ese fallo es nada menos que un ministro de la Corte, que en su momento fue director del SAT justo cuando esos pagos fueron realizados.
«Es un evidente conflicto de interés», acusó. Y aunque no dio el nombre del ministro implicado, dejó pistas claras: tiene nombre compuesto y ocupó un cargo clave en el SAT durante los años en que se realizaron las operaciones fiscales que hoy están siendo cuestionadas por las mismas empresas. Sheinbaum no descartó revelar el nombre si es necesario, pero por ahora lo dejó como una «tarea» para los medios y la ciudadanía.
Más allá del señalamiento individual, el mensaje de fondo es fuerte y apunta al corazón del Poder Judicial. Sheinbaum insistió en que este tipo de casos reflejan la urgencia de una reforma profunda en el sistema judicial del país, donde —dijo— no se puede permitir que se sigan defendiendo intereses privados disfrazados de decisiones jurídicas.
La presidenta volvió a marcar distancia con una Corte que ha sido foco constante de críticas desde el Ejecutivo federal. En esta ocasión, usó un caso fiscal para ilustrar lo que considera una red de favores y decisiones alejadas de la justicia social que dice representar su gobierno. Y es que, en su visión, no se trata de tecnicismos fiscales, sino de cómo el sistema puede ser manipulado por quienes tienen poder económico y conexiones en las altas esferas del Estado.
Este nuevo episodio probablemente subirá la temperatura entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, especialmente en un momento donde las tensiones por las reformas al Poder Judicial, promovidas desde Morena, están más vivas que nunca. Para Sheinbaum, este caso es una muestra más de por qué la justicia no puede estar en manos de quienes tienen conflictos de interés tan evidentes.
Así, la presidenta no solo puso un reflector sobre un caso fiscal poco conocido, sino que encendió el debate sobre la ética, la transparencia y el papel que deben jugar los ministros de la Suprema Corte en un país que busca —al menos en el discurso— romper con la vieja política de los privilegios y las puertas giratorias.
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