Por Juan Pablo Ojeda
Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alzó la voz este lunes contra una de las propuestas más polémicas en el Congreso de Estados Unidos: el impuesto del 3.5% a las remesas que envían los migrantes. Lejos de quedarse en una postura diplomática, Sheinbaum no descartó incluso “movilizaciones pacíficas” si la medida llega a ser aprobada por el Senado estadounidense.
«Este impuesto es para todo el mundo, no nada más para México. Pero somos los únicos que hemos estado diciendo que no estamos de acuerdo», expresó la presidenta, dejando claro que su gobierno está en contacto directo con senadores norteamericanos para frenar esta iniciativa fiscal, impulsada por la administración de Donald Trump y ya aprobada en la Cámara de Representantes.
Sheinbaum advirtió que, de ser necesario, se tomarán acciones más visibles: “Haríamos movilizaciones pacíficas que muestren que no estamos de acuerdo y nuestros argumentos de por qué no se deben imponer impuestos a los que menos tienen”. Según ella, el impacto no solo perjudicaría a los migrantes y sus familias en México, sino también a la economía estadounidense que se beneficia del consumo y trabajo de estos mismos migrantes.
La propuesta de gravar las remesas ha encendido las alarmas en el Gobierno de México. Y no es para menos. En 2024, México recibió casi 65 mil millones de dólares en remesas, una cifra récord que representa casi el 4% del Producto Interno Bruto (PIB). México es actualmente el segundo país receptor de remesas en el mundo, solo detrás de la India.
Desde el inicio de la pandemia en 2020, el envío de remesas se ha convertido en una especie de salvavidas económico para millones de familias mexicanas. Por eso, un impuesto a ese dinero —que proviene del trabajo de mexicanos en el extranjero— sería, según el gobierno mexicano, una medida injusta que castiga a quienes ya contribuyen con impuestos en Estados Unidos.
Además, el Ejecutivo mexicano ha señalado que la propuesta violaría el tratado bilateral contra la doble tributación firmado en 1994, un acuerdo que impide que las personas paguen impuestos dos veces por los mismos ingresos, uno en su país de residencia y otro en su país de origen.
El tema no solo tiene un ángulo económico, sino también político y social. Para Sheinbaum, poner impuestos a las remesas es enviar un mensaje equivocado a millones de migrantes que sostienen económicamente tanto a sus familias en México como a sectores enteros de la economía en EE.UU.
Mientras la propuesta sigue su curso legislativo en Washington, la postura de México es clara: se defenderán los intereses de los migrantes mexicanos con argumentos legales, diplomáticos y —de ser necesario— con presión social organizada.
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