Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, enfrenta una denuncia penal por la extracción ilegal y acaparamiento de recursos hídricos nacionales en un rancho privado ubicado en dicho estado.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum presentó imágenes y videos que evidencian los recientes trabajos de inspección realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la propiedad vinculada a Duarte, donde se presumen actividades ilícitas relacionadas con el uso indebido de agua pública.
“No fue la Suprema Corte, fue la siguiente instancia que permitió el trabajo de Conagua. El gobernador estaba adueñándose, literalmente y de manera ilegal, de agua que le pertenece a la nación. Parte de una cuenca fundamental para dar agua al estado de Chihuahua, que tiene graves problemas de escasez”, detalló la mandataria.
Contexto del caso: Sequías extremas y el Tratado Internacional de Aguas de 1944
Sheinbaum recordó que la zona afectada por esta extracción irregular se encuentra bajo fuertes condiciones de sequía y forma parte de una cuenca regulada por el Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos. Por tratarse de un recurso estratégico para la nación, el gobierno federal presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal contra Duarte y posibles cómplices.
Previo a esta acción, Conagua había iniciado un procedimiento administrativo para demoler las estructuras ilegales en el rancho, sin embargo, una jueza federal de Chihuahua, Madhay Soto Morales, otorgó una suspensión provisional en menos de 24 horas luego de que familiares de Duarte promovieran un amparo. La jueza Soto Morales es conocida por resoluciones controversiales, como la suspensión de distribución de libros de texto en Chihuahua.
Avances judiciales: revocación y reanudación de trabajos
El 6 de junio de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17 Circuito revocó la suspensión concedida, lo que permitirá a Conagua continuar con la demolición de las presas y el restablecimiento del cauce natural del río Agujas–Conchos–Bravo, vital para atender la crisis hídrica en la región.
La administración federal y el Gobierno de México confían en que las nuevas instancias legales permitirán avanzar en la investigación y sanción correspondiente contra Duarte Jáquez y quienes resulten responsables por este aprovechamiento ilegal de un recurso nacional.
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