Por Juan Pablo Ojeda
En una resolución que marca un precedente sobre la independencia judicial en México, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó una medida cautelar a favor del juez Gregorio Salazar Hernández, luego de que fuera públicamente señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por resoluciones emitidas en casos de alto impacto relacionados con el crimen organizado.
La controversia surgió tras la modificación de la medida cautelar que permitió a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador y presunto líder del Cártel del Golfo, continuar su proceso en libertad en noviembre de 2024. La decisión fue criticada por autoridades federales durante una conferencia matutina presidencial, donde se calificó como polémica e incluso indebida.
El juez responde con recurso legal
Ante lo que consideró una campaña de deslegitimación y presión institucional, el juez Salazar Hernández interpuso un recurso de queja para frenar lo que calificó como una intromisión en su labor judicial y una amenaza a sus derechos fundamentales.
La queja incluyó señalamientos por:
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Las declaraciones en una “mañanera” en presencia de la presidenta y el fiscal.
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Publicaciones en redes sociales y comunicados de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Difusión de contenido que, según argumentó, dañaba su reputación y autonomía.
Aunque inicialmente se negó la suspensión de dichas acciones, el Tribunal resolvió el 27 de diciembre de 2024 que sí existió una violación a la independencia judicial, ordenando retirar publicaciones que denigraran su trabajo y advirtiendo que futuras comunicaciones oficiales deberán ser objetivas, imparciales y respetuosas del marco constitucional.
Fundamentos jurídicos y estándares internacionales
La resolución del Tribunal se basó en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que los jueces deben estar protegidos frente a presiones o represalias provenientes de otros poderes del Estado.
“Las expresiones públicas emitidas por autoridades del más alto nivel no deben convertirse en un mecanismo de intimidación o linchamiento institucional”, subrayó el fallo.
Antecedentes y críticas acumuladas
No obstante, esta no es la primera vez que el juez Salazar es objeto de controversia. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado reiteradamente que sus decisiones han favorecido a personas procesadas por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.
Entre los casos más relevantes:
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En abril de 2025, autorizó el traslado de Gerardo Ponce Alanís, miembro del Cártel de Sinaloa, al penal estatal de Aguaruto.
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En marzo de 2024, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de La Pingua, operador de Los Escorpiones.
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En enero de 2023, liberó a Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino del exlíder Osiel Cárdenas Guillén.
Pese a las críticas, la decisión del tribunal colegiado refuerza los límites entre los poderes del Estado y representa un mensaje claro de que la independencia judicial no puede ser vulnerada por el discurso público ni por presiones políticas.
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