Campeche a 15 de junio, 2025.- En un caso que ha encendido las alarmas sobre la libertad de expresión en México, el periodista Jorge Luis González, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por presunto “discurso de odio” y calumnias contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
La decisión fue tomada este viernes por una jueza de Control del estado, quien además determinó que el periodista deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos al director de Comunicación Social estatal, Whalter Patrón Bacab, y abstenerse de ejercer el periodismo durante los próximos dos años.
¿Qué se le acusa y qué decidió la jueza?
Según el expediente, la gobernadora presentó una denuncia por calumnias, tras diversas publicaciones del medio Tribuna Campeche. Aunque González se jubiló en 2017 y no tenía funciones directivas activas, la justicia local lo consideró responsable de los contenidos publicados en el portal digital.
Además, se ordenó el cierre del medio Tribuna Campeche y se vinculó también a proceso a Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, editora del medio.
La jueza argumentó que las publicaciones constituían un “ataque sistemático” contra la imagen de la gobernadora, aunque organizaciones de periodistas e intelectuales consideran que se trata de un caso de censura disfrazada de proceso legal.
González ya estaba jubilado
En entrevista con Proceso, Jorge Luis González explicó que se retiró del medio en 2017, tras casi 30 años de trabajo. “El 29 de diciembre de 2016 me concedieron la jubilación y la firmé el 5 de enero de 2017”, aclaró. Pese a ello, el gobierno campechano lo acusa de estar detrás de la línea editorial actual del medio.
Esta no es la primera vez que González enfrenta demandas por parte del círculo cercano a Layda Sansores: en 2022 fue denunciado por el sobrino de la gobernadora, Gerardo Sánchez Sansores, y por el propio Patrón Bacab.
Preocupación por censura en Campeche
Tras el fallo, Tribuna Campeche calificó el hecho como un «ominosa advertencia para los periodistas independientes», al considerar que se criminaliza la crítica y se busca silenciar voces incómodas.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han manifestado preocupación por el caso, considerando que el uso del aparato judicial para acallar medios críticos representa una amenaza directa a la libertad de prensa en México.
¿Qué sigue?
Aunque Jorge Luis González podrá enfrentar el proceso en libertad, el caso abre un precedente riesgoso que podría ser utilizado para justificar más ataques contra medios y periodistas incómodos al poder local.
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